Familiares del periodista desaparecido Jaime Ayala rechazan resolución que archiva el crimen
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La abogada de los deudos, Karim Ninaquispe, informó que se ha puesto en conocimiento del hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y advirtió que, de cerrarse definitivamente la investigación sobre la desaparición de Ayala, el Estado peruano violaría el Acuerdo de Solución Amistosa que tiene con la referida institución internacional, y que establece la investigación y sanción a los violadores de los derechos humanos en los años de la violencia política en el país.
La secretaria general de la ANP, Zuliana Lainez Otero, expresó la indignación del gremio de periodistas del país ante la resolución que archiva las denuncias por el caso de Jaime Ayala, y la masacre de Pucayacu, al tiempo que expresó la solidaridad y el total apoyo de la institución a los familiares del desaparecido comunicador.
El doctor Erick Casiano, representante de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, manifestó que esta institución apoyará a los deudos de Ayala en las acciones judiciales que se realicen, a fin de encontrar justicia y evitar la impunidad ante los hechos denunciados.
El caso Jaime Ayala
El 2 de agosto de 1984, el periodista Jaime Ayala, corresponsal en Huanta del diario La República, ingresó al cuartel de la Infantería de la Marina de esa ciudad con el propósito de pedir explicaciones por el allanamiento de la casa de su madre. Ese fue el último día que lo vieron con vida.
Jaime Boris Ayala Sulca, de 22 años, realizaba su labor informativa con muchas dificultades debido a los continuos enfrentamientos entre los miembros de las fuerzas armadas y los grupos subversivos en esa zona. Además, debido a sus informes periodísticos, sufría continuas amenazas de miembros de la Infantería de la Marina.
El primer día de agosto de 1984 Jaime Ayala había terminado un informe sobre el asesinato de seis miembros de la iglesia evangélica presbiteriana de Callqui, Huanta, en el que se sindicaba como presunto autor al jefe del Comando Político Militar de Huanta, capitán de fragata Alvaro Artaza Adrianzén conocido como "Comandante Camión".
Al día siguiente, casi a la una de la madrugada, varios policías allanaron el domicilio de su madre, Julia Sulca viuda de Ayala, ubicado en Huanta. Destrozaron las puertas y preguntaron por Jaime Ayala. Luego, en medio de insultos, obligaron a los presentes a tirarse al suelo.
Eduardo Ayala, hermano de Jaime, preguntó por el motivo del allanamiento, pero recibió como respuesta un puntapié en la nariz, lo que le originó la rotura del tabique, y un golpe en la espalda. Ante la desesperación de Julia Sulca, les pidieron sus documentos de identificación.
Horas después del hecho Jaime Ayala acudió a la delegación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) para pedir explicaciones. Intentó presentar su denuncia por el allanamiento, pero no le fue aceptada porque, según le dijeron los policías, ellos no fueron los autores del hecho.
Acompañado por Carlos Paz Villantoy -administrador de la emisora de Radio Huanta 2000- su madre Julia Sulca y su esposa Rosa Pallqui, acudió al cuartel de la Infantería de la Marina, acantonado en el Estadio Municipal de Huanta. Se quejó de la conducta de la policía por la violación del domicilio de su madre y de los maltratos físicos que la policía propinó a su familia.
Previamente a su ingreso, el periodista telefoneó al interior del cuartel para asegurarse de ser recibido por el comandante jefe de las fuerzas de la Marina. La cita fue acordada con el oficial Luis Silva Santisteban, apodado "Lince". A las diez de la mañana del 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala fue conducido al interior del cuartel en forma amable, pero los marinos impidieron el ingreso de las personas que lo acompañaban.
En la puerta del cuartel, Jaime Ayala encontró a Zenaida Fernández, quien le pidió que indagara acerca del paradero de su padre, hermana y cuñado. Ella esperó aquel día desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero Jaime Ayala nunca salió del cuartel. Luego, el cadáver del padre de Zenaida Fernández fue encontrado en la fosa de Pucayacu.
Carlos Paz lo esperó durante dos horas, pero al notar que Jaime Ayala no regresaba denunció el hecho a los medios de prensa, autoridades civiles, y al Fiscal de Huanta al día siguiente de la desaparición.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reconoció este hecho en el Comunicado Nº 002-CC-FZZ/RRPP, emitido el 12 de agosto de 1984. La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de agosto de ese año.
El capitán de fragata AP Alvaro Artaza Adrianzen y el suboficial segundo AP Román Martínez Heredia fueron acusados por la desaparición de Jaime Ayala Sulca, por la muerte de seis miembros de la Iglesia Presbiteriana de Callqui y por la detención y muerte de cincuenta personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas comunes en Pucayacu, cerca de Huanta, en agosto de 1984.
El juicio de los dos acusados fue retrasado por un conflicto de jurisdicción entre los tribunales ordinarios y el fuero privativo de la Marina. El 24 de enero de 1986 la Corte Suprema decidió que la Corte Ordinaria tendría jurisdicción en el juicio del capitán Alvaro Artaza por la desaparición de Jaime Ayala Sulca.
El paradero del capitán Artaza Adrianzén, al igual que el del suboficial Román Martínez, es desconocido desde el 2 de febrero de 1986. Un portavoz militar afirmó entonces que personas desconocidas lo habían secuestrado. A los pocos días, fue prohibido un documental de televisión en el cual se consideraba que el capitán Artaza había sido sacado del país por la Marina Peruana para evitar que sea procesado. A Román Martínez, la Marina lo ha clasificado como desertor.
Sin embargo, la familia de Jaime Ayala Sulca fue amenazada de muerte por medio de llamadas anónimas y advertida de que no siga presionando acerca del juicio.
Fuentes:
- Asociación Nacional de Periodistas (ANP)
- Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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- Han apelado resolución y Sala Nacional penal, que preside el magistrado Pablo Talavera Elguera, tiene 48 horas para aceptar o rechazar el recurso.
En conferencia de prensa desarrollada esta mañana en la sede de la Asociacion Nacional de Periodistas del Perú (ANP), los familiares del periodista Jaime Ayala Sulca, rechazaron la resolución judicial que archiva la denuncia judicial presentada contra los oficiales de la Marina de Guerra del Perú, implicados en la desaparación del comunicador social ocurrida en Huanta, Ayacucho, en agosto de 1984.
En conferencia de prensa desarrollada esta mañana en la sede de la Asociacion Nacional de Periodistas del Perú (ANP), los familiares del periodista Jaime Ayala Sulca, rechazaron la resolución judicial que archiva la denuncia judicial presentada contra los oficiales de la Marina de Guerra del Perú, implicados en la desaparación del comunicador social ocurrida en Huanta, Ayacucho, en agosto de 1984.
Rosa Pallqui, esposa de Jaime Ayala (foto: ANP)
La abogada de los deudos, Karim Ninaquispe, informó que se ha puesto en conocimiento del hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y advirtió que, de cerrarse definitivamente la investigación sobre la desaparición de Ayala, el Estado peruano violaría el Acuerdo de Solución Amistosa que tiene con la referida institución internacional, y que establece la investigación y sanción a los violadores de los derechos humanos en los años de la violencia política en el país.
La secretaria general de la ANP, Zuliana Lainez Otero, expresó la indignación del gremio de periodistas del país ante la resolución que archiva las denuncias por el caso de Jaime Ayala, y la masacre de Pucayacu, al tiempo que expresó la solidaridad y el total apoyo de la institución a los familiares del desaparecido comunicador.
El doctor Erick Casiano, representante de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, manifestó que esta institución apoyará a los deudos de Ayala en las acciones judiciales que se realicen, a fin de encontrar justicia y evitar la impunidad ante los hechos denunciados.
El caso Jaime Ayala
Periodista desaparecido (foto: web Aprodeh)
El 2 de agosto de 1984, el periodista Jaime Ayala, corresponsal en Huanta del diario La República, ingresó al cuartel de la Infantería de la Marina de esa ciudad con el propósito de pedir explicaciones por el allanamiento de la casa de su madre. Ese fue el último día que lo vieron con vida.
Jaime Boris Ayala Sulca, de 22 años, realizaba su labor informativa con muchas dificultades debido a los continuos enfrentamientos entre los miembros de las fuerzas armadas y los grupos subversivos en esa zona. Además, debido a sus informes periodísticos, sufría continuas amenazas de miembros de la Infantería de la Marina.
El primer día de agosto de 1984 Jaime Ayala había terminado un informe sobre el asesinato de seis miembros de la iglesia evangélica presbiteriana de Callqui, Huanta, en el que se sindicaba como presunto autor al jefe del Comando Político Militar de Huanta, capitán de fragata Alvaro Artaza Adrianzén conocido como "Comandante Camión".
Capitán Alvaro Artaza Adrianzén, "Comandante Camión". Procesado como el responsable de la desaparición de Jaime Ayala y de la matanza de otras 60 personas durante 1984. Paradero desconocido desde 1986 (foto: web Cronicaviva)
Al día siguiente, casi a la una de la madrugada, varios policías allanaron el domicilio de su madre, Julia Sulca viuda de Ayala, ubicado en Huanta. Destrozaron las puertas y preguntaron por Jaime Ayala. Luego, en medio de insultos, obligaron a los presentes a tirarse al suelo.
Eduardo Ayala, hermano de Jaime, preguntó por el motivo del allanamiento, pero recibió como respuesta un puntapié en la nariz, lo que le originó la rotura del tabique, y un golpe en la espalda. Ante la desesperación de Julia Sulca, les pidieron sus documentos de identificación.
Horas después del hecho Jaime Ayala acudió a la delegación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) para pedir explicaciones. Intentó presentar su denuncia por el allanamiento, pero no le fue aceptada porque, según le dijeron los policías, ellos no fueron los autores del hecho.
Acompañado por Carlos Paz Villantoy -administrador de la emisora de Radio Huanta 2000- su madre Julia Sulca y su esposa Rosa Pallqui, acudió al cuartel de la Infantería de la Marina, acantonado en el Estadio Municipal de Huanta. Se quejó de la conducta de la policía por la violación del domicilio de su madre y de los maltratos físicos que la policía propinó a su familia.
Previamente a su ingreso, el periodista telefoneó al interior del cuartel para asegurarse de ser recibido por el comandante jefe de las fuerzas de la Marina. La cita fue acordada con el oficial Luis Silva Santisteban, apodado "Lince". A las diez de la mañana del 2 de agosto de 1984, Jaime Ayala fue conducido al interior del cuartel en forma amable, pero los marinos impidieron el ingreso de las personas que lo acompañaban.
En la puerta del cuartel, Jaime Ayala encontró a Zenaida Fernández, quien le pidió que indagara acerca del paradero de su padre, hermana y cuñado. Ella esperó aquel día desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero Jaime Ayala nunca salió del cuartel. Luego, el cadáver del padre de Zenaida Fernández fue encontrado en la fosa de Pucayacu.
Carlos Paz lo esperó durante dos horas, pero al notar que Jaime Ayala no regresaba denunció el hecho a los medios de prensa, autoridades civiles, y al Fiscal de Huanta al día siguiente de la desaparición.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reconoció este hecho en el Comunicado Nº 002-CC-FZZ/RRPP, emitido el 12 de agosto de 1984. La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de agosto de ese año.
El capitán de fragata AP Alvaro Artaza Adrianzen y el suboficial segundo AP Román Martínez Heredia fueron acusados por la desaparición de Jaime Ayala Sulca, por la muerte de seis miembros de la Iglesia Presbiteriana de Callqui y por la detención y muerte de cincuenta personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas comunes en Pucayacu, cerca de Huanta, en agosto de 1984.
Cadáveres encontrados en Pucayacu (foto: CVR/La República/Julio Pérez)
El juicio de los dos acusados fue retrasado por un conflicto de jurisdicción entre los tribunales ordinarios y el fuero privativo de la Marina. El 24 de enero de 1986 la Corte Suprema decidió que la Corte Ordinaria tendría jurisdicción en el juicio del capitán Alvaro Artaza por la desaparición de Jaime Ayala Sulca.
El paradero del capitán Artaza Adrianzén, al igual que el del suboficial Román Martínez, es desconocido desde el 2 de febrero de 1986. Un portavoz militar afirmó entonces que personas desconocidas lo habían secuestrado. A los pocos días, fue prohibido un documental de televisión en el cual se consideraba que el capitán Artaza había sido sacado del país por la Marina Peruana para evitar que sea procesado. A Román Martínez, la Marina lo ha clasificado como desertor.
Sin embargo, la familia de Jaime Ayala Sulca fue amenazada de muerte por medio de llamadas anónimas y advertida de que no siga presionando acerca del juicio.
Fuentes:
- Asociación Nacional de Periodistas (ANP)
- Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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